El 18 de julio de 1994, Argentina sufrió el peor atentado de su historia cuando una camioneta-bomba voló la sede de la mutual judía-argentina AMIA, dejando un saldo de 85 muertos y más de 300 heridos. La brutalidad del ataque dejó una profunda herida en la sociedad argentina que, hasta hoy, no ha logrado resolverse.
El atentado siguió a otro perpetrado contra la Embajada de Israel, el 17 de marzo de 1992, que terminó con la vida de 29 personas y dejó 242 heridos. Detrás de los atentados, sospecha la justicia de ese país, estuvo la mano del grupo integrista Hezbolá con el apoyo estratégico del Gobierno de Irán, aunque ambos niegan su vinculación con el ataque.
La Fiscalía argentina, sin embargo, emitió el 25 de octubre de 2006 una orden de captura internacional contra ocho altos funcionarios de la Embajada y del Gobierno iraní por el apoyo logístico que habrían dado a los atacantes. Es más, Buenos Aires presentó una denuncia internacional ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) contra Irán por la falta de colaboración en las investigaciones del atentado contra la AMIA.
Irán, por su parte, consideró la acusación de las autoridades argentinas un delito internacional y también solicitó la captura del juez de la causa y de otros funcionarios judiciales. Para peor, el Gobierno del ahora reelecto presidente de Irán, Mahmud Ahmadineyad, nombró en agosto de 2009 ministro de Defensa de ese país a Ahmad Vajidi, uno de los funcionarios buscados por la Interpol por su presunta vinculación con el atentado a la AMIA. La comunidad judía argentina consideró insultante la designación.
Los atentados contra la sede de la AMIA merecieron el repudio internacional y pusieron en alerta, a mediados de los años 90, respecto de la acción del terrorismo a escala mundial, con golpes en países vulnerables y con sistemas de seguridad débiles, donde se hicieron “ensayos” de otros ataques de mayor impacto internacional como fueron, luego, los masivos ataques en Estados Unidos (2001), Madrid (2004) y Londres (2005).
Vale la pena pensar las implicancias de hacer una alianza estratégica con Irán adoptada por el Gobierno del presidente Evo Morales. A la llegada misma de Ahmadineyad al país, la polémica quedó desatada por la decisión del Gobierno iraní de condicionar la entrega de un hospital en El Alto a que sus enfermeras y médicos porten un velo en la cabeza, tal como es obligatorio en ese país islámico.
Como se sabe, Ahmadineyad representa a un gobierno de tendencia ultraconservadora y estrechamente vinculado con los sectores islámicos más radicales y con fuertes señales de autoritarismo e intolerancia política. ¿Hasta dónde piensa llegar dicho acuerdo con Irán? ¿Quién puede creer que los iraníes vienen sólo para instalar fábricas de leche cuyos mercados están saturados por la oferta? ¿Y los acuerdos militares y nucleares?
Hay que saber que la comunidad internacional ha sancionado a Irán por el desarrollo de tecnología nuclear que, obviamente, no es para usos pacíficos. También hay que señalar que Bolivia está en el centro de Sudamérica, y que una alianza con un actor internacional tan cuestionado plantea un desafío no sólo para el país, sino para la región. ¿Qué piensa el Gobierno argentino respecto de este matrimonio de Evo Morales con Mahmud Ahmadineyad? Sería bueno quitarse el velo sobre todos los antecedentes de Irán y saber con quién nos estamos metiendo.
Carlos Morales Peña e-mail Jefe de Redacción de La Prensa
Fuente: La Prensa Bolivia
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